Los políticos deben a la ciudadanía una Bankia Pública

Es de Perogrullo que el leitmotiv del capitalismo es el beneficio privado, adquirido en condiciones de competencia, en teoría libre, pero frecuentemente minimizada por grandes grupos oligopólicos que se reparten el pastel.

Dentro del sector financiero, la historia de la Banca en España a lo largo de los Siglos XX y XXI es un claro ejemplo de esta deriva oligopólica, que ha supuesto que actualmente los 5 mayores bancos controlen el 70% de los activos, lo que representa un nivel de concentración bancaria que, de media, duplica la existente en las principales economías europeas y que desde 2007 ha reducido el número de bancos, de 60 a 12 por las fusiones.
Entre 1872 y 1929 se crearon seis bancos llamados oficiales, que eran de capital privado pero regulados y controlados por el Estado. Nacieron para atender determinadas parcelas del mercado de crédito, y contaron con la oposición de una banca privada ávida de ocupar todo el mercado. Fue en 1962 que el desarrollismo franquista nacionalizó estas entidades, que se unieron al Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros, consolidando una Banca pública al servicio del Régimen.

Fuera lógico que el PSOE, cuando pudo, hubiera reconvertido la banca pública de la Dictadura en una auténtica banca pública con control democrático y al servicio de la economía, del crédito a empresas y familias y de soporte al Estado de derecho, pero no fue así. En 1991 se crea la Corporación Bancaria de España como banco matriz de Argentaria, con lo que queda de los bancos industriales, la Caja Postal de Ahorros y el Banco Exterior. En 1993 el PSOE comienza la privatización de Argentaria, que tiene varias fases y es culminada en 1998 por el PP.

El otro pilar de la economía social en España lo constituyeron las cajas de ahorros, que tanto hicieron por levantar el desarrollo endógeno en los diversos territorios llegando a cubrir más de la mitad del mercado de crédito. Durante años fueron pasto de la codicia bancaria y del oportunismo político. Ya en 1977 la reforma de Fuentes Quintana, ministro de UCD, aproximó su funcionamiento al de la banca privada, sometiéndolas a la competencia en el mercado interno. El desprestigio de las cajas se agudizó con su toma política por partidos desaprensivos que desplegaron a través de ellas un obsceno clientelismo, cuando no saqueo, en vez de un control y vigilancia prudenciales en aras de una economía sólida.

No era de extrañar que, llegada la crisis hipotecaria, los grandes bancos, unidos al neoliberalismo efectivo en las instituciones, pactaran la reconversión y la definitiva bancarización de las cajas – ahora con problemas de crédito, liquidez y en gran parte de solvencia – o su absorción por los grandes grupos bancarios. Unas cajas rescatadas que fueron afectadas igual que la banca privada, todo hay que decirlo, pero en el caso de las cajas se asoció su financiación a su reconversión en bancos, su muerte era anunciada. La compra de diversas cajas por la banca privada a precio de saldo y la bancarización definitiva de las restantes fue estipulada por la troika para España y planificada por PSOE y PP mediante la consensuada la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones bancarias de 2013.

Actualmente el Estado es propietario de la mayor parte de Bankia y del “Banco malo” La SAREB, que sirve para lavar los activos tóxicos de las instituciones afectadas a costa del erario público. La reconversión de Bankia, rescatada con 22.400 millones, en una auténtica banca pública, ética y con control democrático y social es una clamorosa demanda de la ciudadanía más consciente. Una vez más la pelota está en el tejado de nuestro Gobierno y nuestros representantes, que habrán de decidir si los ciudadanos merecen una banca sólida, pública y social o prefieren aumentar el negocio del oligopolio bancario privatizando la entidad. Tendrán que elegir entre reflotar Bankia, convirtiéndola en una banca de depósitos, capaz de ejercer la intermediación, la tradicional función bancaria de canalizar el ahorro social y recursos del Estado hacia proyectos de desarrollo económico social y sostenible, o bien poner sus activos en manos del capital usurero, opaco, depredador y especulativo.

La elección debería ser sencilla para un buen Gobierno. Las finanzas habrían de estar reguladas, con control democrático y constituir un bien público de primera necesidad en una sociedad mercantilizada. Unas finanzas que irrigaran una economía al servicio del bienestar de las personas. No esperamos otra cosa de nuestros representantes, lo contrario sería ponernos de nuevo bajo las patas de los caballos.


Antonio Fuertes Esteban

Presidente de Attac Acordem

@anfues

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